Al aprovechar la celebración del tradicional Día de Reyes, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, pidió a las tres ramas gubernamentales que le obsequien al pueblo una agenda de trabajo concertada que rescate la confianza pública.

García Feliciano manifestó que se hace imprescindible volver a ganarse esa confianza, de manera que las instituciones que sostienen nuestro sistema democrático, no tambaleen en el futuro.

“La ciudadanía espera de las tres ramas del gobierno, así como de todo el sector privado, servicios de calidad. Que el servicio al cliente sea de primer orden, con respeto en el trato, y diligentes en atender sus reclamos, más allá de si le asiste o no la razón en su planteamiento”, planteó.

El Procurador del Ciudadano, que previo a ocupar el cargo se desempeñó como alcalde de Camuy por 20 años, aseveró que su larga trayectoria administrativa le ha hecho comprender que el pueblo valora el respeto, el servicio y las promesas cumplidas.

“Qué mejor que el Día de Reyes para reenfocar las prioridades públicas en los reclamos y necesidades de nuestra gente. Que ese sea el mejor regalo para nuestro pueblo encaminar una agenda ciudadana que sea compartida por los tres poderes gubernamentales de manera efectiva, coordinada y con resultados”, puntualizó.

Para dramatizar su pedido en favor de los ciudadanos, García Feliciano delineó una agenda de 12 tópicos que han ocupado la palestra pública, y que muy bien pueden sintetizar los reclamos ciudadanos de servicio.

A manera de bosquejo resumió los siguientes:

    1.  Siendo la diabetes la tercera causa de muerte en Puerto Rico, asignar los $2 millones que necesita y que en efecto solicitó, el Centro de Diabetes de Puerto Rico, para operar con cierta flexibilidad y poder atender a los más de 600,000 diabéticos que hay en la Isla.

   2.  Identificar y asignar los cerca de $150,000 que necesita la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación (C.I.P.A. ), para poder atender los más de 500 casos que aguardan por ser procesados y que inciden sobre aquellos funcionarios que tienen la capacidad de efectuar arrestos. 

   3.  Es necesario que las agencias del gobierno estatal internalicen que aunque las plataformas digitales son importantes, estas no pueden limitar los reclamos de los que no posean internet, que no tengan acceso a la tecnología o que no tengan el conocimiento para manejarla.  Es necesario que haya un proceso de transición, en donde se atiendan estas necesidades.

   4.  Los viequenses y culebrenses merecen y tienen bien ganado que este sea el año en donde, definitivamente, se le ponga punto final a sus problemas de transportación marítima. Esto debe ir de la mano con el arreglo a los terminales de ambas islas- municipios y Ceiba, poniéndole especial énfasis en las necesidades de las personas con impedimentos, así como con los reclamos de sus gobiernos municipales.

   5.  Después de más de 20 años con los problemas de recogido, reciclaje y procesamiento de los neumáticos, urge ponerle punto final a este asunto, que afecta la salud y el medioambiente, sino que, lamentablemente pone de manifiesto la ineficacia de los pasados gobiernos en la atención de este problema. Se hace imprescindible proteger los fondos de esta cuenta, para no desviarlos para  otros asuntos gubernamentales.

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   6.  No debería pasar ni un día más, sin que haya una política pública definida y prioritaria en favor de nuestra niñez, no importa si se trata del sector público o privado.  En ese sentido, los departamentos de Educación y Familia, tienen que actuar de forma concertada y con sentido de urgencia, para ejercer su liderato y desarrollar todo tipo de estrategia que conduzca a una reducción significativa de la violencia contra este sector de la población.

    7.  Luego de la aprobación de las leyes que impactaron el retiro de los servidores públicos, se hace imperativo que el Sistema de Retiro, ejecute con la mayor precisión el Plan 106 ( producto de esa Ley), en beneficio de los primeros.  Al final del día, ese será el único beneficio que tendrán los empleados públicos una vez se retiren, más allá del seguro social u otro plan privado.

   8.  Es necesario que las Alianzas Público Privadas ejerzan un rol transparente en la supervisión de los contratos otorgados con especial énfasis al de LUMA. Una vez se otorgan estos contratos, la función del gobierno es garantizar que los mismos sean ejecutados conforme a lo contratado en beneficio de la ciudadanía.

   9.  Hoy más que nunca es impostergable que se materialice un plan de desarrollo económico, por parte del gobierno estatal, la Legislatura y la Junta de Supervisión y Administración Fiscal que nos permita cumplir con el eventual Plan de Ajuste a la Deuda (PAD). Esto debe incluir el manejo de los fondos que la Junta ha asegurado para el otorgamiento de becas a nivel subgraduado y que deberá incluir al nivel graduado.  Una vez elaborado el Plan de Desarrollo Económico, deberá ser ventilado públicamente para beneficio y entendimiento de la ciudadanía y de todo aquel que quiera venir a vivir o a hacer negocios en la Isla.

  10.  Para asegurar la eficiencia y aumentar los controles anticorrupción, el ente gubernamental debería llevar a cabo una rendición de cuentas cada seis meses, del uso de los fondos CDBG-DR y de los CDBG-MIT, cuando estos últimos comiencen a utilizarse. Lo mismo debiera ocurrir con los fondos asignados bajo FEMA. 

  11.  La Legislatura, el Ejecutivo y la Junta, deben aunar esfuerzos para atender las necesidades de salario y otros beneficios para la Policía, así como la de aquellos empleados públicos cuyos salarios no se ajustan a nuestros costos de vida y tampoco a las funciones que realizan.

  12.  El gobierno estatal, el sector privado y los municipios, deben hacer una introspección del propósito de los diferentes roles que desempeña. “Si perdemos el norte del servicio a la ciudadanía, perderemos mucho más en el futuro”, agregó diciendo el ombudsman Edwin García Feliciano.