(4 de abril de 2022- San Juan, PR)- En defensa del interés ciudadano, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, requirió con carácter inmediato, un alto a la escalada de aumentos en el costo de vida del consumidor puertorriqueño y que atenta contra el bienestar del pueblo. 

Forjado en una experiencia como alcalde en contacto diario con la gente, García Feliciano reclamó con vigor de la Junta de Supervisión Fiscal, del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa a que, con sentido de urgencia, atiendan los desmedidos aumentos que han entrado en vigencia y los que están por ponerse en vigor.  

Punto por punto García Feliciano estableció que durante los pasados meses, los ciudadanos han tenido que costear el alarmante aumento en la energía, en la canasta básica, como los anunciados para el agua y los peajes ente otros, que minan seriamente su capacidad de retener su hogar o brindarle educación adecuada y salud a sus hijos.

“La indignación ciudadana y su reclamo de auxilio se han hecho sentir. Pero hay que tener la sensibilidad de escuchar y poner el oído en tierra, para resolver ese clamor con resultados evidentes”, sentenció el Procurador del Ciudadano. 

Seriamente preocupado por el desarrollo de los eventos, García Feliciano fue enfático en sentenciar que el salario del trabajador no crece al mismo ritmo de las ganancias empresariales, por lo que su bolsillo no puede seguir costeando aumentos en productos, bienes o servicios de la noche a la mañana.  

“No podemos permitir que el llamado a la austeridad, estrechez económica y rendir cada centavo del presupuesto, recaigan solamente en nuestro pueblo”, recalcó con vehemencia, asumiendo el rol de portavoz de las quejas ciudadanas que le llegan a diario. 

El Procurador insistió en que los sectores del poder político -La Fortaleza y la Legislstura-, deben crear las bases para que el poder adquisitivo del consumidor cuente con los recursos para impulsar la economía.  

Igualmente, los sectores de producción en la agricultura, industria y comercio, también afectados por los elevados costos de operación y producción, deben ser más sensibles con los aumentos que proyectan hacia la ciudadanía.

“Estrangular económicamente al trabajador ocasionará cierre de negocios, estancamiento económico y desaceleración de la economía local que es la que debe impulsar a la Isla después de la quiebra gubernamental. ¿Dónde está el sentido de urgencia para proteger el presupuesto familiar y la recuperación de Puerto Rico tras la quiebra?”, manifestó García Feliciano.  

Aseveró el funcionario que aunque el gobernador Pedro Pierluisi como el liderato legislativo han sometido propuestas para controlar el alza en el petróleo y atender otros aspectos del costo de vida, las diferencias políticas de cómo lograrlo, los han malogrado.  

“Falta la voluntad del consenso, del diálogo, de armonizar soluciones pero con resultados”, indicó de manera apremiante García Feliciano, al tiempo que estableció la imperiosa necesidad de garantizar la supervivencia de la clase media.

Para el Ombudsman, se hace imprescindible proteger al asalariado y al trabajador y evitar el panorama de una nueva quiebra en un futuro cercano.  

“Que venga la acción concertadora en favor de nuestra gente, del asalariado y de la mujer jefa de familia para aliviar la carga económica que afecta a los hogares puertorriqueños. ¡Ya es hora de actuar!”, culminó Edwin García Feliciano

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