El Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, ha manifestado su intranquilidad con el contrato que se ha suscrito con Luma Energy, por entender que hay elementos de este, que deben aclararse antes del 1 de junio de 2021, que es la fecha de efectividad.

Entre los aspectos que requieren ser aclarados, están los siguientes: ¿Cuánto personal tiene o tendrá Luma Energy disponible para atender sus responsabilidades ordinarias y las extraordinarias que se puedan presentar?; ¿Cómo se manejará el servicio al cliente y quien lo supervisará de día a día?, ¿Dónde quedará el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)?, ¿Qué pasará con la Junta de Gobierno de la AEE?, ¿Tendrá Luma que reportarse de vez en cuando ante la Junta de Gobierno de la AEE, si es que subsistiera, de alguna manera?, ¿Qué efecto tendrá para el consumidor, a largo plazo, las reservas de los 1000 millones de dólares? ¿Cuán responsable se ha sido con el manejo de la movilidad de los empleados y con los derechos adquiridos por estos? Sea ahora o más adelante, alguien tiene que, de cara al sol, ofrecer las contestaciones a todas estas interrogantes. 

El Procurador García Feliciano fue enérgico en señalar que cada uno de esos aspectos, incide directa o indirectamente en la vida del ciudadano.  “Si bien parece haber consenso en la deseabilidad de que la AEE, sea reestructurada, para que brinde un mejor servicio, no es menos cierto que tiene que ser de una manera ordenada, donde el ciudadano sienta que la transacción le ofrece confianza y no incertidumbre”. “Por otro lado, es imperioso que las partes concernidas atiendan con la mayor sensibilidad posible el movimiento y/o reclutamiento de los empleados”.

“La división del servicio al cliente debe tener una alta prioridad para todos, especialmente, para Luma Energy”. “Esperamos que hayan podido reclutar personal con experiencia y que el ofrecimiento económico esté o haya estado a la altura de otras posiciones, puntualizó el Procurador”.    

El Procurador se mostró confiado, pero no seguro de que las partes puedan llegar a los entendidos que sean necesarios, en beneficio del ciudadano y de un servicio de energía eléctrica de nivel mundial, con precios que sean justos y razonables para todos.  En esa misma dirección, señaló que la posición de la efectividad del contrato para el mes de enero de 2022, no debe ser un capítulo cerrado para nadie. Si es enero u otro mes antes del 31 de diciembre del 2021, puede tener el mismo efecto, siempre que haya voluntad de todas las partes.

Por último, el Procurador señaló que estará muy atento al desarrollo de la transacción y que hará las denuncias que correspondan, siempre velando por los intereses del ciudadano.