(2 de junio de 2021- San Juan, PR) -Ante el reiterado anuncio de que el presidente Joe Biden respalda la extensión de los beneficios del Seguro Social Suplementario (SSI) a los ciudadanos americanos residentes en la Isla, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, urgió a todo el liderato político de la Isla a unirse en una sola voz, para que el Departamento de Justicia federal desista de continuar litigando el asunto ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

García dijo que siendo el gobernador Pedro Pierluisi y el Presidente de la Cámara de Representantes afiliados al Partido Demócrata Nacional, lograr una coalición de voces en favor del SSI puede agilizar que más de 300,000 puertorriqueños acrediten ser acreedores del beneficio. Esto pudiera abrir la puerta para que beneficiarios del Seguro Social residentes en la Isla logren acceder a $2,300 millones anuales de nuevos beneficios, lo que sería un impacto positivo a la economía local.  

El pasado 1 de marzo, el máximo foro federal anunció que atendería el caso de José Luis Vaello-Madero v. Estados Unidos, en el que se discute el acceso de los puertorriqueños al beneficio de SSI. Pero la Procuradora General interina, Elizabeth B. Prelogar, sometió una petición de tiempo adicional, un día antes de que Biden anunciara que, en su propuesta presupuestaria para el próximo año fiscal, le pide al Congreso que legisle la paridad para los residentes en Puerto Rico bajo el SSI y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Además, pidió eliminar los topes de financiamiento del programa Medicaid para todos los territorios, incluyendo a Puerto Rico. Según las Reglas, la parte apelada tendría hasta el 16 de agosto para someter sus planteamientos. 

La solicitud del gobierno federal surge en momentos donde el congresista demócrata Raúl Grijalva —junto a otros 12 congresistas—, envió el pasado 11 de marzo una carta al Secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, pidiéndole el retiro inmediato de dicha impugnación en el Tribunal Supremo federal. Los otros firmantes fueron, la comisionada residente Jenniffer González y los congresistas Ritchie Torres, Darren Soto, Nydia Velázquez, Rashida Tlaib, Alexandria Ocasio Cortez, Jesús “Chuy” García, Juan Vargas, Michael San Nicholas, Stacey Plaskett y Gregorio Kilili Camacho.  

Para García Feliciano, la médula del asunto en esta etapa es forzar una decisión de Casa Blanca acorde con la postura presentada por el Presidente. “Para mí resulta sumamente contradictorio que Biden se exprese a favor de reconocer este derecho a los ciudadanos americanos de la Isla, mientras su Departamento de Justicia sigue insistiendo en litigar el asunto en contra de los intereses de nuestro pueblo. Deberían leer las noticias y tomar conocimiento del compromiso presidencial”, manifestó. 

Siguió diciendo el Ombudsman que, en términos de justicia equitativa para todos los ciudadanos americanos, no se puede seguir defendiendo una desigualdad de derechos, simplemente por razones geográficas. 

El Procurador recordó así mismo que existe también un pleito de clase sobre la aplicación de este derecho, como el caso de Peña Martínez v. Estados Unidos. En este último, el gobierno federal se niega a permitirle a una puertorriqueña acceso a los beneficios del SSI, (SNAP) y los subsidios para personas de pocos ingresos bajo el programa de Medicare en su parte D, luego de que esta se trasladara de la ciudad de Nueva York a Puerto Rico. 

El caso Vaello Madero comenzó tras una demanda radicada por el gobierno federal en una acción de recobro de dinero. Vaello Madero vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Luego, se mudó a Puerto Rico en el 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. El Tribunal Federal de San Juan decidió a su favor. Luego, el Primer Circuito de Boston determinó que denegarle estos beneficios a Vaello-Madero, solo por el lugar donde reside, violaría sus derechos bajo la Igual Protección de las Leyes dispuesto en la Constitución de Estados Unidos. No obstante, la administración del presidente Donald Trump cuestionó la decisión y elevó la controversia al Tribunal Supremo federal.

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