(18 de mayo de 2022- San Juan, PR)- El ombudsman Edwin Garcia Feliciano cuestionó por qué se le exige al ciudadano compensar con su bolsillo la ineficiencia de las agencias, corporaciones públicas o empresas que rinden servicios esenciales.

Alarmado por el incesante aumento en el costo de vida para los ciudadanos y la pretensión de los administradores de servicios esenciales de pasarle al trabajador y a la familia los gastos que se desprenden de su dejadez, García Feliciano demandó un detente para proteger el presupuesto del hogar.

“Ni un aumento más debe ser la consigna.  No podemos permanecer indiferentes a que sea el ciudadano el que siempre tenga que sacrificarse, mientras las corporaciones se echan hacia atrás esperando que sea éste el que rescate sus operaciones. ¿Pero cómo?”, denunció.

El Procurador del Ciudadano rechazó que se le imponga al consumidor un aumento de cerca de un 5% en el servicio de agua potable que suple la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), principalmente para compensar el líquido que pierde la corporación por hurto, averías, salideros o roturas.

“Me parece curioso que la corporación no muestre agilidad en atender las reparaciones, porque las cubre pasándole el costo al ciudadano. ¿Cómo se pretende condonar la ineficiencia castigando al que debe recibir un servicio de excelencia y calidad?”, dijo García Feliciano, al recordar que la propuesta inicial de aumento sólo alcanzaba el 2% y nunca estuvo bajo discusión llegar al 5%. También criticó el Procurador que las acometidas, que realizaban por esfuerzo propio miles de ciudadanos, ahora la AAA les pretende imponer un cargo de $1,800.

Esto es un costo añadido de $1,100 sobre lo que cuesta en la actualidad al abonado residencial y de $2,097 por lo que paga ahora el comercial. Y el cargo será obligatorio, porque ya nadie podrá hacerlo por su cuenta, como suele ocurrir ahora en proyectos o sectores marginados y en desventaja social.

“Otro ejemplo de lo que es insensibilidad con los dueños del patrimonio que administra la Autoridad”, declaró, al tiempo que alertó se impactará significativamente el costo de las viviendas.

Siguió su alocución García Feliciano contra LUMA, cuya única razón de existencia fue supuestamente, atender la ineficiencia que se le adjudicaba a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La realidad práctica, comentó, es que nadie está satisfecho con esta operación, pero el consorcio no vacila en solicitar constantes aumentos para compensar pérdida de ingresos.

Se quejó también el Ombudsman que, tras semanas de trabajo legislativo para lograr dar paso a una moratoria en la crudita, se sigue sangrando el bolsillo del ciudadano porque el anunciado alivio no llega.

“Si el impedimento son errores en la legislación, nada puede impedir que en un proceso fast track se elimine el contratiempo. El pueblo lo espera”, acotó.

Defendió el Procurador nuevamente la creación de un fondo de mitigación de $200 millones, para ayudar al ciudadano mientras siga la crisis del petróleo causado por la guerra en Ucrania. Este fondo podría nutrirse del exceso de los ingresos que produce la crudita.

“El pueblo vive desesperado mientras nada detiene esta tragedia. Urge un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo para ponerle fin a estos abusos. ¿Hasta cuándo?”, agregó el Ombudsman de Puerto Rico.