El Ombudsman se creó con el fin de
contar con un organismo gubernamental con los poderes necesarios para
servir de instrumento para que el pueblo canalice el derecho
constitucional de solicitar la reparación de agravios. La jurisdicción
de la oficina alcanza a todas las agencias gubernamentales las cuales
pueden ser intervenidas a los fines de revisar los procesos que utilizan
para la prestación de servicios a la ciudadanía.
El desempeño de esta labor incluye las
siguientes responsabilidades: Investigar cualquier acto administrativo
que aparente ser contrario a la ley o a los reglamentos, irrazonable,
injusto, arbitrario, ofensivo o discriminatorio, basado en un error de
hechos o en motivos improcedentes o irrelevantes; que no esté acompañado
de una adecuada exposición de razones cuando la ley o los reglamentos
lo requieran. Evaluar si las recomendaciones sometidas por el Ombudsman
para corregir las acciones tomadas por las agencias han sido
consideradas para su implantación. Tomar juramento o declaraciones;
ordenar la comparecencia y declaración de testigos y requerir la
presentación de cualesquiera papeles, libros, documentos y otra
evidencia para la evaluación de rigor. Requerir a las
instrumentalidades públicas la realización de estudios externos y
contratación de recursos para cumplir con su función. Solicitar de las
entidades gubernamentales los recursos humanos, el equipo, el espacio de
oficina, o de cualquiera otra índole para realizar su labor.
